El dinero de los partidos.

Eduardo Huchim (Reforma; 1 Sep. 09)

El inicio de sesiones del Congreso de la Unión hace propicio mirar a un tema que reclama atención: el financiamiento público a los partidos, cuyos excesivos montos contribuyen a que las elecciones mexicanas militen entre las más caras del mundo, característica que es alimentada, desde luego, por los injustificadamente elevados presupuestos del Instituto y el Tribunal electorales federales.

Los dos grandes rubros del financiamiento público partidario son las actividades ordinarias y las campañas. La reforma constitucional y legal de 2007 en materia electoral redujo formalmente el monto para campañas, pero no el ordinario. El esquema anterior era absurdo, porque en año electoral el financiamiento para campaña se duplicaba, se tratara de comicios presidenciales (tres, incluyendo senadores y diputados) o de elección intermedia (una sola, de diputados). La reforma de 2007 redujo el financiamiento doble en año electoral al 50% adicional en elección presidencial y al 30% en la intermedia.

Sin embargo, esa reforma reductora tiene un contenido de simulación, de truco. Veamos: los partidos ya no requieren destinar, como antes, recursos a la compra de tiempos en radio y televisión, porque lo tienen prohibido, y para su propaganda en medios electrónicos disponen de los tiempos del Estado. Si se tiene presente que destinaban la mayor parte de su gasto de campaña para ese fin, resulta que en realidad no sufrieron reducción alguna. Se tiene la percepción generalizada de que el monto antes destinado a radio y tv ascendía al 70% del financiamiento a campañas, y en 2006 ese gasto ascendió en promedio al 95% (dato aportado por Ciro Murayama en el reciente seminario sobre temas electorales organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y otras instituciones), según los propios informes partidarios. O sea, al disminuir su financiamiento para campañas, los partidos en realidad se lo aumentaron (respecto a 2006, 45 puntos porcentuales en elección presidencial y 25 en comicios intermedios).

No se justifica el elevado financiamiento a los partidos. No es racional ni ético que en un año de crisis económica como 2009 estén recibiendo 3,631 millones de pesos, prácticamente 10 millones al día. Ese monto supera, por ejemplo, los presupuestos de la Suprema Corte (3,564 millones), del Senado (2,992) y de la Presidencia de la República (1,798).

Hay otra prueba del exceso en este rubro. Los partidos se han permitido -por conducto de sus legisladores- el privilegio de fijar desde la Constitución los elementos sustantivos para calcular su financiamiento. Esto significa que próximamente todos los rubros del presupuesto 2010 pueden ser sujetos a recorte, pero no el dinero partidario. Como las bases para su determinación están en la Constitución, al IFE y al Congreso no les queda más que hacer y aprobar operaciones aritméticas, pero no pueden disminuir el financiamiento.

Adicionalmente, hay una creciente inconformidad social con los partidos, no sólo por los recursos que absorben, sino también por su conducta frente al electorado, de cuyos intereses se han alejado, y el rechazo se reflejó en julio, en la ausencia de los ciudadanos ante las urnas, con el acento adicional del sensible crecimiento de los votos nulos expresados como forma de protesta.

¿Qué hacer ante este panorama?

Una forma adecuada de abordar la necesaria reducción del financiamiento partidario podría ser su vinculación con los porcentajes de participación en las elecciones. Explico esta propuesta:

a) La forma de determinar la bolsa se mantiene (65% del salario mínimo multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón).

b) El monto que resulte de esa bolsa no se distribuye totalmente, sino sólo un porcentaje igual al de la participación del electorado. Por ejemplo, de los 3,000 millones previstos para 2010, el monto por repartir sería de 1,350 millones (45% del total, equivalente a la votación del 5 de julio).

De ese modo habría una disminución en el financiamiento público y, algo no menos importante, se incentivaría a los partidos a esforzarse por abatir el abstencionismo y desmotivar el voto nulo, algo que actualmente no parece preocuparles. ¿Se trata de empobrecer a los partidos? De ninguna manera, pero sí de adecuarlos a la situación económica del país y de eliminar recursos que frecuentemente sirven para la compra e inducción del voto. No es racional ni ética la existencia de partidos ricos en un país que, en su inmensa mayoría, no lo es.

omnia08@gmail.com

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