La complicidad de Ivonne con las mafias urbanas, el tercer gran obstáculo para que el PRI logre ganar la Alcaldía de Mérida…

José Luis Sierra V.

Dos son las mafias cuyos intereses están íntimamente ligados al desarrollo urbano de Mérida: una, la mafia del transporte; y la segunda, la mafia de los especuladores urbanos que se presentan como “desarrolladores de vivienda” o “urbanistas”.

No creo necesario describir a los meridanos la manera como se desempeñan ambos grupos mafiosos. Tampoco es necesario recordar sus trayectorias, ya que el acaparamiento de concesiones de transportes, que han logrado por decenios unos, y el control de los créditos institucionales para la adquisición de vivienda, que ejercen los otros de veinte años a la fecha, son expedientes harto conocidos por los meridanos de todos los estratos sociales. Y son sabidas y conocidas, también, las enormes fortunas que, en tiempo récord, han logrado acumular personajes como La Gaviota Palma, Pilín Sansores, Emilio Díaz, Mario Gamboa Patrón, Gerardo y Arturo Millet, Álvaro Juanes o Pedro Espadas, en el ramo inmobiliario; o, por los camioneros, una docena de “ordeñadores del ingreso familiar” cuyo mejor ejemplo puede ser Rafael Canto (Minis 2000).

Lo que resulta necesario recordar a los lectores es la relación cómplice, que mantiene la Gobernadora de Yucatán con ambas mafias. Subordinación de la Señora de las Cuatro Décadas a los intereses económicos de los especuladores urbanos (camioneros y desarrolladores), a cambio del financiamiento a discreción a las campañas y a los candidatos del PRI, y del manejo turbio (igualas, comisiones y entregas por debajo de la mesa) para las actividades ilegítimas (e ilegales, también) de Ivonne Ortega.

¿Será necesario recordar la manera intempestiva, fuera de toda normatividad, como el Gobierno de la Nueva Medianía decidió “liquidar” al Grupo Dicas como socio minoritario del Aeropuerto de Kaua, pagándole 80 millones de pesos del erario, sí, 80 milloncejos imposibles de justificar en cualquier operación comercial?

¿Y qué decir de los 340 millones de pesos que la Ñora de los Arrejuntes destinó para ”la adquisición de tierras en Ucú”? Operación de compra de tierra (y no de expropiación) cuyos beneficiarios reales serán los especuladores que pastorea Pedro Espadas (el “Grupo de los 10”), el todavía concubino de Angélica Espadas, la flamante diputada federal por los ovarios de Nuestra Señora de Dzemul.

Bueno, bueno, ¿y cómo olvidar la manera tan burda como la Seño de los Cochis autorizó el aumento de tarifas de transporte (de los urbanos y de los foráneos), apenas pasadas las elecciones federales de julio último? ¿Tendremos que recordar el cinismo con el que la Miss Yucatán 1992 pasó por encima del compromiso para no subir tarifas del transporte, la segunda de las 84 medidas que integran el Pacto Económico y del Empleo de Yucatán (PEY) signado apenas el pasado mes de febrero?

Si alguien representa esta complicidad, este encimamiento de intereses, es la diputada Araujo Lara, una mujer que ha subido cada uno de los peldaños de la escalera del éxito con el grácil contoneo de sus caderas desnudas, lo mismo ante o bajo su jefe, en la COUSEY, que ante o bajo su jefa, en el Gobierno del estado. La diputada Araujo Lara está convertida, hoy en día, en un “caballo de Troya” en el Gobierno del Estado y en la Cámara de Diputados, un elemento que, valiéndose de la representación popular, sirve en realidad a los intereses de los grandes especuladores urbanos, con todo el respaldo y la simpatía de Ivonne Ortega, la última y verdadera usufructuaria de los abusos que comete la diputada Araujo.

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