Corrupción pública, negocios privados, partidos, juniors y fisco…

José Luis Sierra V.

El caso del desfalco operado por Cecilia Flores Argáez nos confirma varios aspectos, relevantes para la sociedad yucateca y, en particular, para el desarrollo de la democracia:

Uno) la fuerte imbricación que sigue habiendo entre negocios y política, entre el ejercicio del poder público y la realización de ganancias en el campo privado.

Dos) que el ejercicio de la corrupción y sus alcances no distingue de colores partidistas: que PRI, PAN, Verdes, Panales, PRD, PT o Convergentes son iguales en materia de corrupción.

Tres) la manera burda, cínica, como se administra y utiliza la administración de justicia con fines políticos y electorales.

Cuatro) la poca ética periodística que campea en nuestro medio, vicio que corre paralelo a la escasa profesionalización de los periodistas y de los medios de comunicación.

Cinco) que la especulación dineraria, los “negocios” con ganancias inmediatas e injustificables, privan en la sociedad yucateca sobre la vida empresarial y sobre las actividades productivas.

Seis) la proclividad de los jóvenes a los negocios fáciles y rápidos, sin importarles riesgos económicos o legales, normas éticas, principios morales.

Siete) que entre los “juniors” no sólo se actúa con tal desfachatez que cometen graves torpezas sino, también, se ha desarrollado cierta competencia para destacarse como “el ganador” con negocios, fáciles y chuecos.

Ocho) se confirma el grado de avance, descomunal, de la “economía informal” con operaciones multimillonarias y que, en otras condiciones, debieran realizarse en el marco de las instituciones bancarias, con la asesoría legal y el establecimiento de actas, testimonios de fé pública, etc.

Nueve) ligado al punto anterior: la fuerza que ha alcanzado el primer deporte nacional, que es la evasión fiscal. La escasa (para no decir) que nula presencia de las autoridades fiscales en todo el proceso de realización del desfalco y, también, en el desenlace que se tiene en tribunales. ¿Será que las declaraciones ministeriales, que los testimonios y las pruebas judiciales, no hayan sido suficientes  para provocar que las autoridaes fiscales cumplan con su función?

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