Mérida: el pasado presente (Eduardo Huchim)

Por Eduardo R. Huchim (reforma; 16 mayo 2010).
En 1967 la alternancia en el poder era menos que un sueño. Eran tiempos en que los militantes de la oposición iban frecuentemente a la cárcel por sólo fijar propaganda en paredes y postes. Tiempos de Díaz Ordaz en la plenitud de su poder, cuando el acceso a la radio y la televisión era imposible para los no priistas.

En ese marco, el electorado de la ciudad de Mérida, la de Yucatán, logró una hazaña en noviembre de 1967: llevar al ayuntamiento a un candidato opositor postulado por el PAN, Víctor Manuel Correa Rachó, carismático abogado cuyo verbo, prestigio y buena presencia movieron masivamente a los ciudadanos hacia las urnas, y Correa ganó la elección municipal en la única forma en que entonces la oposición podría triunfar: por nocaut, tres votos por cada uno del candidato priista. Mérida fue así una de las dos primeras capitales estatales -la otra, Hermosillo- que conquistó el PAN.

Pese a que el alcalde protagonizó contra viento y marea un gobierno de importantes logros que Roger Cicero Mac-Kinney resume bien en su Correa Rachó. Tiempo de Liberación (Dante, 1987), el PAN perdió el ayuntamiento en 1970 y tardaría dos décadas en ganarlo de nuevo, con Ana Rosa Payán, en 1990, y desde entonces no ha dejado de gobernar la capital yucateca.

En ese contexto se celebran hoy las elecciones municipales y legislativas de Yucatán, las primeras del año y cuya importancia central es si el PAN logrará conservar o no la alcaldía de Mérida, con una de sus principales figuras peninsulares como candidata, Beatriz Zavala Peniche, ex diputada, ex secretaria de Desarrollo Social y senadora con licencia. Su oponente es la priista Angélica Araujo Lara, ex diputada, arquitecta y empresaria de la construcción, a quien varias encuestas le conceden ventaja.

Independientemente de si triunfa Angélica o si gana Beatriz, en los comicios yucatecos de hoy existe ya una gran derrotada: la democracia, porque la limpieza y la equidad han sido rotas. El proceso para elegir alcaldes y diputados yucatecos ha sido asaeteado por los dos principales partidos contendientes, en particular el PRI, que llevó a las campañas conductas que recuerdan las prevalecientes en los tiempos de Correa Rachó, si bien las circunstancias son hoy diferentes. Ahora como entonces, se ha detenido a propagandistas del PAN, se ha hostilizado y amenazado a sus proveedores y se ha utilizado a la policía estatal en actos represivos contra panistas y para proteger a priistas.

El dinero ha corrido a raudales y sin freno por parte de los dos principales contendientes y los topes de gastos han sido evidentemente desbordados ante la pasividad del órgano electoral local, que no ha podido ni siquiera dar certeza ¡en el número de boletas! La compra e inducción del voto, con el reparto de despensas y otros artículos, son ejemplos de una vileza mayúscula: aprovechar la pobreza para lucrar políticamente. Nada nuevo, ciertamente, pero no por ello menos censurable.

Beatriz Zavala ha hablado de revanchismo político y es claro que lo hay, pero no sólo porque la candidata panista le ganó a la hoy gobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco la elección senatorial de 2006 (Ortega fue senadora de primera minoría). También está presente otra derrota, agraviante para la gobernadora: la de su tío y tutor político, Víctor Cervera Pacheco, quien después de gozar de popularidad durante décadas y ejercer un férreo cacicazgo, vio perder al candidato priista que lo sucedería y, además, perdió él mismo su última elección, al postularse justamente para la alcaldía de Mérida y ser derrotado por un poco conocido candidato panista, Manuel Fuentes Alcocer. Meses después de esos comicios, en agosto de 2004, Cervera falleció.

Dada la identificación entre la gobernadora y la candidata priista, la gestión de Ortega posee elementos que normalmente influirían negativamente en la intención del voto hacia Angélica Araujo, como la compraventa a precio excesivo de los terrenos donde se asienta Chichén Itzá y que debieron ser expropiados, un crédito multimillonario que endeudará al estado por 25 años y una extraña compraventa de terrenos ejidales en Ucú, además de onerosos gastos en propaganda por televisión.

Sin embargo, debido a la intensa operación de compra e inducción del voto, a la debilidad de las autoridades electorales y al empleo excesivo de dinero quizá proveniente de los erarios yucateco y mexiquense, esos elementos desfavorables al PRI difícilmente influirán en la elección. Con todo, un eventual triunfo de la candidata priista no tendría su origen sólo en las añejas prácticas antidemocráticas, sino también en el trabajo político lícito de su partido y en el dañino divisionismo del panismo yucateco. Como quiera, es deseable que los comicios se desarrollen a tono con la fama de pacifismo de los yucatecos, pese a hechos atribuidos al gobierno estatal, como la agresión que mandó al hospital a Ismael Peraza, diputado priista crítico de la gobernadora y quien ha rechazado que sus agresores sean siete panistas detenidos.

Los comicios locales de Yucatán evidencian una vez más que los avances electorales en el ámbito federal no se han reflejado en los comicios locales, que continúan siendo un problema irresuelto y ahora agravado por la violencia y el dinero procedentes del narcotráfico, como dolorosamente nos lo recuerda el asesinato del candidato panista en Tamaulipas, José Mario Guajardo. No es un asunto fácil de resolver y debe ser abordado como una de las aristas de un problema mayor: el poder descontrolado de los gobernadores.

omnia08@gmail.com

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