Transparencia, ¿vacuna contra la impunidad?

Dulce María Sauri Riancho (Diario de Yucatán; 3 de febrero de 2011)

La serie de tres reportajes sobre el gasto de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno del estado realizada por la Unidad de Investigación de Grupo Megamedia muestra con claridad la utilidad social de las leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental para dar seguimiento a la actuación de nuestras autoridades. Quién, cuánto y en qué se gastaron muchos millones de pesos del presupuesto público pasa a ser un asunto documentado que demanda aclaraciones y precisiones por parte de los involucrados: gobierno, empresas y empresarios.

(…)

La CGCS es, de acuerdo con el artículo 47 del Código de la Administración Pública yucateca, la dependencia del Ejecutivo estatal responsable de formular, dirigir y ejecutar planes y políticas de comunicación social. La Ley establece puntualmente sus 17 atribuciones. En ese aspecto no debería haber confusión.

La lista de 17 proveedores analizados de la CGCS entre empresas (9) y personas físicas (8) muestra una especie de “mil usos” de los negocios, pues lo mismo hacen limpieza de inmuebles y hospitales, que “estudios de mercado”, venden productos químicos y maderas preciosas o realizan labores de vigilancia. Sólo una tiene que ver con la imprenta y las artes gráficas.

Las nueve empresas proveedoras fueron constituidas entre 2008 y 2009. Una elabora y vende gorras y camisetas (desde luego, con un criterio amplio se les podría considerar como vehículos de difusión de las políticas del gobierno del Estado). La mayoría carece de oficinas para recibir la visita de los inspectores de Hacienda, no está “localizable” y sus teléfonos están desconectados.

Cinco personas recibieron una “iguala” mensual de ¡$403,500! (casi cinco millones de pesos al año), lo que significa que sea cual fuere su carga de trabajo reciben esa cantidad. Uno de los contratados por estos altos honorarios estuvo en el Programa de Empleo Temporal hace cinco años, que otorga un subsidio de supervivencia a las personas desempleadas; otra más era hace 10, chofer de tráiler; otra tiene un cibercafé con seis computadoras. No hace falta conocer mucho sobre la conformación o el desempeño de las pequeñas empresas para sospechar, con bases, que “hay gato encerrado”.

(…)

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